Los accidentes laborales son situaciones imprevistas que pueden afectar a cualquier trabajador durante su jornada. Conocer el proceso a seguir y los derechos que te asisten es esencial para garantizar tu bienestar y seguridad jurídica.​

¿Qué Se Considera un Accidente Laboral?

Un accidente laboral es toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Esto incluye:​

• Accidentes ocurridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo.​
• Accidentes en el trayecto habitual entre el domicilio y el lugar de trabajo (in itinere).​
• Enfermedades contraídas con motivo exclusivo del trabajo realizado.​

Es fundamental que el accidente esté directamente relacionado con la actividad laboral para ser considerado como tal.​

Pasos a Seguir Tras un Accidente en el Trabajo

• Atención Médica Inmediata: Acude al centro médico concertado por la empresa o, en su defecto, al servicio de urgencias más cercano.​
• Notificación a la Empresa: Informa a tu empleador sobre el incidente lo antes posible, proporcionando detalles relevantes.​
• Parte de Accidente: La empresa debe emitir el parte correspondiente y remitirlo a la mutua colaboradora o al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).​
• Seguimiento Médico: Sigue las indicaciones del personal sanitario y acude a las revisiones programadas para evaluar tu evolución.​

Derechos Durante la Baja por Accidente Laboral

Al encontrarte en situación de baja por accidente laboral, tienes derecho a:​

• Asistencia Sanitaria: Cobertura completa de los gastos médicos derivados del accidente.​
• Prestación Económica: A partir del día siguiente al accidente, recibirás una prestación equivalente al 75% de tu base reguladora.
• Protección Laboral: No puedes ser despedido por el hecho de estar de baja. Si se produce un despido sin causa justificada, podrías reclamar su nulidad y ser indemnizado.

Obligaciones del Trabajador Durante la Baja

Mientras estés de baja, es importante que:​

• Cumplas con las Revisiones Médicas: Asiste puntualmente a las citas programadas.​
• Evites Actividades Incompatibles: No realices trabajos o actividades que puedan entorpecer tu recuperación.​
• Mantengas Informada a la Empresa: Comunica cualquier cambio en tu estado de salud o en las indicaciones médicas.​

¿Quién Se Encarga del Pago Durante la Baja?

La prestación económica por incapacidad temporal derivada de accidente laboral es abonada por la mutua colaboradora o el INSS, dependiendo de la entidad que gestione la contingencia. Sin embargo, es habitual que la empresa adelante el pago mediante el sistema de pago delegado, siendo posteriormente reembolsada por la entidad gestora.

Posibilidad de Indemnización Adicional

Si el accidente se produjo por falta de medidas de seguridad o negligencia por parte de la empresa, podrías tener derecho a una indemnización adicional. Es recomendable consultar con un abogado especializado para evaluar tu caso específico.​

Conclusión

Sufrir un accidente laboral es una situación delicada que requiere conocer tus derechos y seguir los procedimientos establecidos. Asegúrate de actuar con prontitud, mantener una comunicación fluida con tu empresa y cumplir con las indicaciones médicas para facilitar tu recuperación y proteger tus intereses laborales.​

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El período de prueba es una etapa clave al comenzar un nuevo empleo. Muchas personas se preguntan si es legal que una empresa termine la relación laboral durante ese tiempo, y lo cierto es que sí, pero con condiciones. En este artículo te explicamos qué implica esta fase, cuándo es válido un despido y cuáles son tus derechos como trabajador.

¿Qué es el período de prueba?

Se trata de un tiempo inicial, pactado entre la empresa y el trabajador, durante el cual ambas partes pueden evaluar si la relación laboral funciona. Debe estar recogido por escrito en el contrato y tener una duración determinada según el tipo de puesto y convenio colectivo.

Por lo general:

• Para técnicos titulados: hasta 6 meses.
• Para el resto de trabajadores: hasta 2 meses.
• En empresas de menos de 25 empleados: hasta 3 meses para trabajadores que no sean técnicos.

Durante este tiempo, tanto el empleador como el trabajador pueden rescindir el contrato sin necesidad de alegar causa ni preaviso, salvo que el convenio indique lo contrario.

¿Me pueden despedir sin justificación?

Sí. Durante el período de prueba, el empresario puede finalizar el contrato sin alegar motivos. Es una de las características principales de esta etapa. No obstante, debe respetarse el principio de no discriminación y no vulnerarse ningún derecho fundamental.

Por ejemplo, no sería válido un despido si la causa real es el embarazo de la trabajadora, una baja médica o una queja por condiciones laborales. En estos casos, podría considerarse nulo y dar lugar a una indemnización o a la readmisión.

¿Tengo derecho a paro si me despiden en el período de prueba?

Depende. Si el despido se produce por iniciativa de la empresa y has cotizado al menos 360 días en los últimos seis años, podrías tener derecho a prestación por desempleo.

Ahora bien, si eres tú quien decide no continuar, o si es tu primer empleo y no has cotizado lo suficiente, no tendrás acceso al paro. En todo caso, es recomendable revisar tu situación con un profesional.

¿Debo recibir una carta de despido?

Aunque no es obligatorio entregar una carta formal durante el período de prueba, muchas empresas lo hacen para dejar constancia de la fecha y del motivo. Si te despiden, es importante que solicites un certificado de empresa y tu finiquito, que incluirá los días trabajados y la parte proporcional de las pagas extra y vacaciones no disfrutadas.

¿Qué puedo hacer si creo que el despido ha sido injusto?

Si sospechas que tu despido ha sido por motivos discriminatorios o vulnera tus derechos, puedes impugnarlo judicialmente. Tienes un plazo de 20 días hábiles desde la fecha del despido para presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

Conclusión

El período de prueba permite a ambas partes valorar si existe una buena adaptación al puesto de trabajo. Aunque el despido durante este tiempo es legal y no requiere justificación, no todo vale. La empresa debe respetar los derechos del trabajador y no actuar de forma discriminatoria o abusiva.

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El retroceso de EE. UU. en la lucha contra la corrupción internacional durante la administración Trump generó preocupación en organismos internacionales y en países aliados. Mientras otros gobiernos fortalecían sus estrategias para combatir este delito, Washington optaba por reducir su implicación y recursos destinados a estas iniciativas.

¿Qué hizo la administración Trump?

Durante su mandato, la administración estadounidense desmanteló o debilitó herramientas clave de cooperación internacional en materia anticorrupción. Entre otras medidas, eliminó unidades especializadas y detuvo la financiación a programas de investigación y apoyo jurídico transfronterizo. Esta política de indiferencia generó grietas en la colaboración entre Estados, debilitando la eficacia de tratados multilaterales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El giro con la administración Biden

El cambio de liderazgo trajo consigo una reorientación en la política exterior estadounidense, con un enfoque renovado en la ética institucional. Bajo el presidente Biden, Estados Unidos volvió a comprometerse con tratados internacionales y reforzó sus vínculos con entidades europeas para combatir delitos financieros.

Impacto en España y el marco jurídico de 2025

Desde España, donde se siguen con atención los movimientos de las grandes potencias, los juristas consideran que la colaboración internacional es esencial para investigar delitos económicos cometidos por organizaciones transnacionales.
En este 2025, la Ley Orgánica 1/2019, que modifica el Código Penal, sigue siendo clave para el tratamiento de la corrupción a nivel internacional. España, como Estado miembro de la UE, mantiene su firme compromiso con las directivas europeas, especialmente en la aplicación de sanciones y recuperación de activos.

Conclusión

La postura pasiva adoptada por Estados Unidos durante la administración Trump supuso un obstáculo en el esfuerzo global por erradicar la corrupción. Aunque con el cambio de gobierno se retomaron compromisos, el impacto de aquellos años aún se siente en organismos y tratados internacionales. Es crucial que los países continúen fortaleciendo la cooperación legal y compartan recursos para hacer frente a un problema que no conoce fronteras.

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La Ley de Segunda Oportunidad en España ha sido una herramienta clave para muchas personas que se enfrentan a situaciones económicas difíciles. Desde su reforma en 2022, la ley permite que personas físicas y autónomos puedan cancelar deudas y empezar de nuevo, pero, como es de esperar, la preocupación por perder la vivienda habitual siempre está presente. ¿Qué pasa entonces con la vivienda bajo esta ley? En este artículo, exploraremos cómo la ley afecta la protección de la vivienda.

¿Cómo afecta la Ley de Segunda Oportunidad a la vivienda?

Una de las mayores inquietudes para aquellos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es la posibilidad de perder su vivienda habitual. Sin embargo, la reforma de 2022 introduce mecanismos que permiten proteger la vivienda de los deudores durante el proceso. La ley contempla diversas opciones para que aquellos que atraviesan dificultades económicas puedan continuar viviendo en su hogar, incluso cuando están liquidando sus deudas.

Opciones para proteger la vivienda

1. Liquidación del patrimonio

En este proceso, el deudor liquida completamente su patrimonio a cambio de la exoneración total de las deudas. Esto significa que el deudor tiene que vender ciertos bienes, incluida la vivienda, para saldar sus deudas. Sin embargo, no todas las viviendas tienen que ser necesariamente vendidas. Existen ciertos casos en los que se pueden conservar algunos bienes si se cumplen ciertos requisitos.

2. Plan de pagos

El plan de pagos es una opción clave para aquellos que desean evitar la venta de su vivienda. En este caso, el deudor puede presentar un calendario de pagos para abonar la deuda pendiente de ser exonerada, basado en sus recursos actuales y futuros. La ley permite que aquellos bienes imprescindibles para la actividad laboral o profesional sean protegidos, lo que incluye la vivienda.

¿Qué más contempla la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad no solo ofrece una vía para proteger la vivienda, sino que también permite la reducción de deudas para aliviar la carga económica de los hogares españoles. Aunque las deudas con la Hacienda pública y la Seguridad Social no se pueden cancelar completamente, el máximo perdonable es de hasta 10,000 euros por entidad. Esta reforma busca brindar un respiro a las personas que se han encontrado atrapadas en una espiral de deudas.

Conclusión: Una segunda oportunidad para reestructurar deudas

En resumen, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece alternativas para que los deudores puedan reestructurar sus deudas sin perder su vivienda habitual. Con opciones como la liquidación del patrimonio y el plan de pagos, es posible encontrar una solución viable para superar una situación económica difícil. Para aquellos que actúan de buena fe, esta ley ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo y recuperar el control de su vida financiera.

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La renta del alquiler en viviendas de protección oficial (VPO) es un tema de especial relevancia para propietarios e inquilinos en España. Con la normativa vigente en 2025, existen una serie de requisitos, limitaciones y condiciones legales que deben cumplirse para garantizar que el arrendamiento de este tipo de inmuebles se realice conforme a la ley. En este artículo, analizamos los puntos clave que deben tener en cuenta ambas partes, así como las consecuencias de incumplir la normativa.

¿Se puede alquilar una vivienda de protección oficial?

Sí, es posible alquilar una vivienda de protección oficial, pero no en cualquier circunstancia. En primer lugar, el propietario debe haber cumplido con el período mínimo de ocupación exigido (habitualmente de 5 o 10 años desde su calificación definitiva). Además, debe obtener una autorización previa de la administración pública competente, que analizará si se cumplen todos los requisitos legales.

No contar con esta autorización puede acarrear sanciones administrativas e incluso la pérdida de los beneficios asociados a la vivienda protegida.

Requisitos legales para arrendar una VPO en 2025

Para que el alquiler sea válido, deben cumplirse las siguientes condiciones:

• El contrato de arrendamiento debe formalizarse por escrito y adaptarse a la renta máxima permitida, que suele fijarse anualmente por la administración autonómica.

• El inquilino debe cumplir con los criterios de acceso a una VPO (normalmente relacionados con ingresos máximos y necesidad de vivienda).

• Se requiere inscripción del contrato en los registros oficiales en muchas comunidades autónomas.

• Es obligatorio comunicar a la administración el inicio y las condiciones del alquiler.

¿Cómo se determina la renta máxima?

Uno de los aspectos más importantes es el cálculo de la renta del alquiler en viviendas de protección oficial. Este valor no se establece libremente entre las partes, sino que se calcula según:

• El módulo de renta vigente establecido por la comunidad autónoma.

• La superficie útil del inmueble.

• Las posibles actualizaciones de renta que contemple la normativa autonómica.

En 2025, algunas comunidades han actualizado el módulo base, por lo que es fundamental consultar las tablas y límites específicos en cada región.

Consecuencias de alquilar sin cumplir los requisitos

Alquilar una vivienda protegida sin autorización o cobrando una renta superior a la permitida puede conllevar graves consecuencias:

• Devolución de ayudas públicas.

• Imposición de multas.

• Calificación como infracción grave o muy grave, según el caso.

• Posibilidad de descalificación de la vivienda como VPO.

¿Qué pasa si ya estás alquilando una VPO sin autorización?

En estos casos, es recomendable regularizar la situación lo antes posible. Las autoridades pueden iniciar un expediente sancionador en caso de denuncia o inspección, por lo que se recomienda:

• Revisar la documentación del contrato.

• Solicitar asesoramiento legal especializado.

• Contactar con el organismo competente para valorar la viabilidad de obtener autorización retroactiva.

Conclusión

La renta del alquiler en viviendas de protección oficial está sujeta a un régimen legal específico que debe respetarse en todo momento. Propietarios e inquilinos deben conocer sus derechos y obligaciones para evitar problemas legales y garantizar una relación contractual segura y válida. En caso de duda, siempre es aconsejable acudir a un profesional del Derecho especializado en vivienda y arrendamientos.

La prisión permanente revisable en España es una figura penal reservada para delitos de extrema gravedad. A diferencia de la cadena perpetua tradicional, esta pena permite una revisión judicial tras cumplir un mínimo de años en prisión, asegurando así un equilibrio entre la seguridad pública y la reinserción social del penado.

Características principales de esta pena

Esta modalidad de condena fue incorporada al Código Penal mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Se trata de una pena de duración indefinida, pero no irrevocable. El reo debe permanecer en prisión durante un tiempo mínimo, y solo entonces podrá solicitar una revisión de su situación.

La revisión no implica necesariamente la puesta en libertad, sino la evaluación por parte de un tribunal especializado para valorar si el recluso puede reinsertarse socialmente sin representar un peligro para la sociedad.

¿Cuándo se aplica la prisión permanente revisable?

Esta pena está prevista únicamente para delitos de extrema gravedad. Entre ellos destacan:

• Asesinato de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.
• Asesinatos con ensañamiento o que impidan la defensa de la víctima.
• Asesinato cometido por miembro de grupo criminal u organización terrorista.
• Homicidio del Rey, la Reina, el Príncipe heredero o sus ascendientes o descendientes directos.
• Homicidio tras la comisión de un delito contra la libertad sexual.

Estas situaciones reflejan la excepcionalidad de esta medida, reservada a casos donde la gravedad de los hechos justifica una pena más severa.

Proceso de revisión de la condena

La ley establece que el condenado podrá solicitar la revisión de su pena una vez haya cumplido 25 años de prisión. En ese momento, un tribunal analizará diferentes factores como la evolución del interno, su conducta penitenciaria, informes psicológicos y sociales, así como el riesgo de reincidencia.

Si la resolución es favorable, podrá acceder a un régimen de libertad condicional, siempre bajo vigilancia. De lo contrario, la pena se mantiene, pudiendo revisarse de nuevo en el futuro.

¿Es compatible con los derechos fundamentales?

La introducción de esta figura penal generó debate en su momento, pero tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han validado su constitucionalidad. Consideran que respeta los principios de proporcionalidad, reinserción y legalidad, recogidos en el ordenamiento jurídico español.

Asimismo, se contempla el derecho a la revisión periódica como garantía de que el cumplimiento de la pena no se convierte en una privación perpetua sin posibilidad de cambio.

Conclusión

La prisión permanente revisable en España constituye una herramienta excepcional del sistema penal para castigar los delitos más graves, sin renunciar al principio de reinserción. Si bien su aplicación es limitada, su existencia responde a una demanda social de mayor protección ante crímenes especialmente lesivos. Su carácter revisable garantiza un equilibrio entre justicia, seguridad y derechos fundamentales.

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En la práctica jurídica española, desheredar a un hijo, nieto o cualquier heredero forzoso no es sencillo. Muchas personas se preguntan si el simple distanciamiento o la ruptura de la relación familiar es suficiente para eliminar a un descendiente del testamento. La realidad es que el Código Civil establece una serie de causas muy concretas para poder hacerlo, y no todas las situaciones encajan dentro de lo permitido legalmente.

¿Qué significa desheredar?

Desheredar consiste en privar, de forma expresa y mediante testamento, a un heredero forzoso de su legítima. En España, los herederos forzosos –generalmente hijos y descendientes– tienen derecho a una parte de la herencia, llamada “legítima”, que no puede ser eliminada salvo que concurra alguna causa legal de desheredación.

Estas causas están recogidas en los artículos 848 a 857 del Código Civil, y no basta con una simple voluntad del testador: debe existir un motivo justificado y que se pueda probar si fuera impugnado.

¿Falta de relación = causa de desheredación?

Durante años, el distanciamiento familiar no se consideró motivo suficiente para desheredar. Sin embargo, en los últimos tiempos, varias sentencias del Tribunal Supremo han abierto la puerta a interpretar esta situación de forma distinta. Cuando la falta de relación se ha producido de manera continuada, profunda y sin causa justificada, algunos jueces han aceptado que esto pueda encajar en las causas de maltrato psicológico o injurias graves.

Eso sí, no basta con alegarlo. El testador debe justificarlo en el testamento y, si hay oposición, se necesitarán pruebas. El Tribunal valorará las circunstancias del caso: si ha existido abandono emocional, desprecio prolongado o una ruptura intencionada de los vínculos familiares.

¿Qué ocurre si el heredero impugna?

En caso de impugnación por parte del heredero desheredado, será este quien deba demostrar que la causa alegada por el testador no es cierta. Si consigue probarlo, recuperará su derecho a la legítima. Si no lo logra, la desheredación se mantendrá.

Por eso, es fundamental que en el momento de redactar el testamento se detalle claramente el motivo de la desheredación y, si es posible, que se guarden pruebas que respalden esa decisión (mensajes, testigos, informes psicológicos, etc.).

¿Y si no hay testamento?

Si no existe testamento, se aplicará la sucesión legítima, y los herederos forzosos recibirán su parte correspondiente. En este caso, no cabe desheredación. La única forma de evitar que una persona herede es mediante testamento y alegando causas legales justificadas.

¿Qué otras causas de desheredación reconoce la ley?

Además de los malos tratos o injurias graves, el Código Civil contempla otras situaciones que pueden dar lugar a una desheredación válida. Entre ellas:

• Haber sido condenado por atentar contra la vida del testador.
• Haber obligado al testador a hacer o cambiar su testamento mediante amenazas o violencia.
• Haberle acusado falsamente de un delito grave.

Cada una de estas causas debe probarse si hay controversia entre los herederos.

Conclusión

Desheredar a un hijo o familiar cercano no es solo una cuestión legal, también es una decisión con una gran carga emocional. Aunque hoy en día existe una mayor flexibilidad judicial para valorar las situaciones de falta de relación, sigue siendo esencial asesorarse bien y dejar constancia clara de las causas.

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El teletrabajo ha dejado de ser una alternativa ocasional para convertirse en una modalidad laboral consolidada. En Aurum Workspace, comprendemos la importancia de adaptarse a esta nueva realidad, garantizando que tanto empleadores como empleados conozcan sus derechos y obligaciones en este entorno.​

¿Qué es el Teletrabajo?

El teletrabajo se define como la prestación de servicios laborales fuera de las instalaciones de la empresa, utilizando tecnologías de la información y comunicación. Esta modalidad ofrece flexibilidad y autonomía, pero también requiere una regulación clara para proteger a todas las partes involucradas.​

Marco Legal del Teletrabajo

En España, la Ley 10/2021 regula el trabajo a distancia, estableciendo los derechos y deberes de empleados y empleadores. Algunos puntos clave incluyen:​

• Voluntariedad: El teletrabajo debe ser acordado por ambas partes y formalizado por escrito.​
• Igualdad de derechos: Los trabajadores a distancia deben gozar de los mismos derechos que aquellos que trabajan presencialmente.​
• Compensación de gastos: La empresa debe cubrir o compensar los gastos relacionados con el teletrabajo.​
• Derecho a la desconexión: Se debe respetar el tiempo de descanso del trabajador, evitando comunicaciones fuera del horario laboral.​

Beneficios del Teletrabajo

El teletrabajo ofrece múltiples ventajas:​

• Flexibilidad horaria: Permite adaptar la jornada laboral a las necesidades personales y familiares.​
• Reducción de desplazamientos: Disminuye el tiempo y coste de los traslados, contribuyendo al bienestar del trabajador.​
• Mejora de la productividad: Muchos trabajadores reportan un aumento en su rendimiento al trabajar en un entorno cómodo y personalizado.​

Inconvenientes y riesgos

A pesar de sus beneficios, el teletrabajo también presenta desafíos:​

• Aislamiento social: La falta de interacción puede afectar la salud mental y el sentido de pertenencia al equipo.​
• Dificultad para desconectar: La línea entre la vida laboral y personal puede difuminarse, afectando el equilibrio entre ambas.​
• Seguridad de la información: Es crucial garantizar la protección de datos y la confidencialidad en entornos remotos.

Derechos del trabajador a distancia

Quienes trabajan desde casa tienen reconocidos varios derechos específicos:

• Recibir formación adecuada.
• Acceso a los mismos medios tecnológicos que sus compañeros en la oficina.
• Participación en actividades colectivas o sindicales.
• Protección de su intimidad y datos personales.
• No sufrir un trato desigual por trabajar a distancia.

Obligaciones del trabajador

Así como existen derechos, también hay obligaciones:

• Cumplir el horario establecido.
• Cuidar los equipos entregados por la empresa.
• Mantener la confidencialidad de la información manejada.
• Permitir, cuando sea necesario, la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.

Recomendaciones para un buen teletrabajo

• Establecer un espacio fijo y cómodo para trabajar.
• Marcar horarios claros y respetarlos.
• Hacer pausas regulares para descansar.
• Mantener una comunicación fluida con el equipo.
• Desconectar al finalizar la jornada para preservar el equilibrio personal.

Conclusión
El teletrabajo ha llegado para quedarse, pero su correcta implementación requiere compromiso y claridad por ambas partes. Conocer los derechos y responsabilidades es esencial para construir una relación laboral justa, eficaz y adaptada a los nuevos tiempos.

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El retraso en el pago de la nómina es una falta grave que puede tener consecuencias legales para la empresa. Como trabajador, tienes derecho a reclamar y proteger tu estabilidad económica.

¿Cuándo se considera que una nómina está pagada con retraso?

El salario debe abonarse en la fecha establecida por contrato o según la costumbre de la empresa. En general, los pagos se realizan a final de mes o en los primeros días del mes siguiente. Cualquier demora injustificada más allá de esa fecha puede considerarse un incumplimiento.

El impago, incluso parcial, afecta directamente a tu economía personal y genera inseguridad. No es necesario acumular varios retrasos para poder actuar: un solo impago ya puede ser motivo de reclamación.

¿Qué derechos tienes ante un retraso de nómina?

1. Derecho a intereses por demora

La ley ampara al trabajador frente al retraso en el pago. Según el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, tienes derecho a reclamar intereses por mora. El tipo de interés aplicable no puede ser inferior al 10% anual, salvo que el convenio colectivo indique un porcentaje superior.

Este derecho se aplica automáticamente desde el primer día de retraso y no exige demostrar perjuicio alguno.

2. Posibilidad de finalizar el contrato con indemnización

Si los retrasos son reiterados y afectan a tu economía, puedes solicitar la resolución del contrato de trabajo de forma voluntaria. Esta opción, contemplada en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, te da derecho a una indemnización igual a la de un despido improcedente: 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Los tribunales han reconocido esta opción incluso cuando los retrasos no superaban los 15 días, si eran continuados.

¿Qué pasos debes seguir si no te pagan a tiempo?

1. Habla con la empresa: Antes de iniciar acciones legales, intenta resolver la situación de forma amistosa, hablando con recursos humanos o con tu superior directo.
2. Deja constancia escrita: Si no hay solución, comunica por escrito el retraso, dejando prueba de tu reclamación (correo electrónico, burofax, etc.).
3. Recurre al SMAC: Presenta una papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Es un paso obligatorio antes de ir a juicio.
4. Demanda judicial: Si el conflicto continúa, puedes interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social para exigir el pago, los intereses correspondientes y, si procede, la finalización del contrato con indemnización.

¿Qué consecuencias legales enfrenta la empresa?

Las empresas que incumplen sistemáticamente con el pago de los salarios pueden enfrentarse a:

• Sanciones económicas: La Inspección de Trabajo puede imponer multas que oscilan entre los 6.251 y los 25.000 euros, dependiendo de la gravedad.
• Deterioro del clima laboral: Los impagos generan desmotivación, mal ambiente y rotación del personal.
• Pérdida de reputación: En sectores competitivos, una mala imagen puede afectar seriamente al negocio.

Conclusión

No cobrar a tiempo no es una situación “normal”. Es una infracción que afecta tu estabilidad personal y laboral. Si te enfrentas a esta realidad, recuerda que no estás solo. La ley está de tu lado, y existen procedimientos claros para hacer valer tus derechos.

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Cuando un contrato temporal finaliza, muchos se preguntan si tienen derecho a un finiquito. La reforma laboral de 2022 cambió las reglas sobre los contratos temporales, limitando su duración y tipos. Sin embargo, aún existen ciertos casos donde se generan derechos económicos al finalizar el contrato.

¿Qué es un finiquito y cuándo se genera?

El finiquito es un pago que el empleador realiza al trabajador cuando termina su contrato. No es una indemnización, aunque en algunos casos, como en los contratos por circunstancias de la producción, puede complementarse con una compensación. Este pago incluye salarios no percibidos, días de vacaciones pendientes y otros conceptos devengados.

Finiquito en contratos temporales

Si bien los contratos temporales sí generan finiquito, la cantidad a percibir depende de las circunstancias. Los trabajadores con contratos por sustitución, por ejemplo, pueden no tener derecho a indemnización, mientras que en otros casos podría incluirse una compensación por finalización anticipada del contrato. Las principales partidas que componen el finiquito son:

• Salario pendiente por días trabajados
• Vacaciones no disfrutadas
• Pagas extraordinarias prorrateadas
• Horas extra no abonadas

¿Es necesario recibir indemnización?

En general, la indemnización solo se aplica a contratos temporales relacionados con un aumento de la producción, no en los casos de sustitución de trabajadores. La compensación estándar es de 12 días de salario por cada año trabajado. Sin embargo, si el contrato no ha sido ejecutado completamente, la indemnización se calcula proporcionalmente.

¿Y si no me pagan el finiquito?

Es importante conocer tus derechos. Si no recibes el finiquito al finalizar tu contrato, puedes reclamarlo legalmente. Las empresas tienen la obligación de entregarlo de manera adecuada, y si esto no ocurre, es recomendable buscar asesoría legal.

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