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Category: Derecho Penal

Caso Real: Las consecuencias legales de ocupar una vivienda ajena sin autorización

Ocupar una vivienda sin autorización: consecuencias legales reales

Ocupar una vivienda sin autorización puede parecer, a simple vista, un acto de necesidad. Sin embargo, en términos legales, conlleva consecuencias graves tanto en el ámbito civil como penal. En este artículo analizamos las implicaciones de ocupar una vivienda sin autorización, usando un caso real de 2025 que pone sobre la mesa lo que puede pasar si alguien se instala en una casa sin permiso del propietario.

Caso real: ocupar una vivienda sin autorización tras recibir unas llaves

En enero de 2025, en una localidad valenciana, un propietario denunció que una pareja había ocupado una de sus viviendas sin autorización. La pareja afirmó que había recibido las llaves de un supuesto intermediario a cambio de dinero. No existía ningún contrato, título legal ni comunicación con el verdadero propietario.

El dueño, al darse cuenta de lo ocurrido, inició un proceso judicial para recuperar su vivienda. Primero acudió a la vía civil mediante un desahucio por precario y luego interpuso una denuncia penal por ocupación ilegal (usurpación de inmueble). Un escenario común en estos casos de ocupar una vivienda sin autorización.

¿Qué dice la ley sobre ocupar una vivienda sin autorización?

La ley distingue dos caminos para responder legalmente ante este tipo de ocupación:

  • Vía civil: El propietario puede iniciar un desahucio por precario, una vía ágil cuando quien ocupa la vivienda no tiene ningún título que justifique su estancia.
  • Vía penal: El artículo 245.2 del Código Penal castiga con multas a quien ocupe sin autorización una vivienda ajena, especialmente si hay elementos como violencia o manipulación de cerraduras.

Ambas vías buscan proteger el derecho a la propiedad y sancionar actos de ocupación sin autorización.

¿Y si el ocupante pagó por entrar?

En muchos casos, los ocupantes argumentan haber pagado a alguien por entrar a vivir en la vivienda. Pero si esa persona no tiene relación con el propietario, no genera ningún derecho legal. En el caso comentado, el juez ordenó el desalojo al comprobar que no existía ninguna justificación válida para la ocupación.

Este tipo de excusas no eximen de las consecuencias de ocupar una vivienda sin autorización.

Consecuencias legales de ocupar una vivienda sin autorización

Quien ocupa una vivienda sin permiso puede enfrentarse a:

  • Desalojo forzoso, mediante orden judicial.
  • Multas penales si se demuestra usurpación.
  • Pago de indemnizaciones por daños al inmueble.
  • Antecedentes que afectan al historial judicial.
  • Posible exclusión de ayudas sociales relacionadas con la vivienda.

La justicia actúa con rapidez cuando se demuestra que no existe título legal alguno para la ocupación.

Conclusión: No ocupes una vivienda sin autorización, tiene consecuencias

Ocupar una vivienda sin autorización no es solo una cuestión social o moral: es un problema legal serio. Puede derivar en sanciones civiles y penales, pérdida de ayudas y antecedentes judiciales. La recomendación es clara: si necesitas una vivienda, hazlo siempre por vías legales. Y si eres propietario, actúa cuanto antes si detectas una ocupación, ya que el tiempo es clave para recuperar tu propiedad.. Lo más inteligente es buscar siempre soluciones dentro del marco de la legalidad.

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¿Qué es la Prisión Permanente Revisable en España?

La prisión permanente revisable en España es una figura penal reservada para delitos de extrema gravedad. A diferencia de la cadena perpetua tradicional, esta pena permite una revisión judicial tras cumplir un mínimo de años en prisión, asegurando así un equilibrio entre la seguridad pública y la reinserción social del penado.

Características principales de esta pena

Esta modalidad de condena fue incorporada al Código Penal mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Se trata de una pena de duración indefinida, pero no irrevocable. El reo debe permanecer en prisión durante un tiempo mínimo, y solo entonces podrá solicitar una revisión de su situación.

La revisión no implica necesariamente la puesta en libertad, sino la evaluación por parte de un tribunal especializado para valorar si el recluso puede reinsertarse socialmente sin representar un peligro para la sociedad.

¿Cuándo se aplica la prisión permanente revisable?

Esta pena está prevista únicamente para delitos de extrema gravedad. Entre ellos destacan:

  • Asesinato de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.
  • Asesinatos con ensañamiento o que impidan la defensa de la víctima.
  • Asesinato cometido por miembro de grupo criminal u organización terrorista.
  • Homicidio del Rey, la Reina, el Príncipe heredero o sus ascendientes o descendientes directos.
  • Homicidio tras la comisión de un delito contra la libertad sexual.

Estas situaciones reflejan la excepcionalidad de esta medida, reservada a casos donde la gravedad de los hechos justifica una pena más severa.

Proceso de revisión de la condena

La ley establece que el condenado podrá solicitar la revisión de su pena una vez haya cumplido 25 años de prisión. En ese momento, un tribunal analizará diferentes factores como la evolución del interno, su conducta penitenciaria, informes psicológicos y sociales, así como el riesgo de reincidencia.

Si la resolución es favorable, podrá acceder a un régimen de libertad condicional, siempre bajo vigilancia. De lo contrario, la pena se mantiene, pudiendo revisarse de nuevo en el futuro.

¿Es compatible con los derechos fundamentales?

La introducción de esta figura penal generó debate en su momento, pero tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han validado su constitucionalidad. Consideran que respeta los principios de proporcionalidad, reinserción y legalidad, recogidos en el ordenamiento jurídico español.

Asimismo, se contempla el derecho a la revisión periódica como garantía de que el cumplimiento de la pena no se convierte en una privación perpetua sin posibilidad de cambio.

Conclusión

La prisión permanente revisable en España constituye una herramienta excepcional del sistema penal para castigar los delitos más graves, sin renunciar al principio de reinserción. Si bien su aplicación es limitada, su existencia responde a una demanda social de mayor protección ante crímenes especialmente lesivos. Su carácter revisable garantiza un equilibrio entre justicia, seguridad y derechos fundamentales.

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La conformidad del acusado en el procedimiento penal (2025)

En el ámbito del derecho penal español, la conformidad del acusado representa una herramienta procesal de gran relevancia. Este mecanismo permite al acusado aceptar los hechos y la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, agilizando así el procedimiento judicial. En 2025, esta figura sigue teniendo gran importancia práctica, especialmente en procedimientos abreviados o juicios rápidos, donde su correcta En el ámbito del derecho penal español, la conformidad del acusado representa una herramienta procesal de gran relevancia. Este mecanismo permite al acusado aceptar los hechos y la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, agilizando así el procedimiento judicial. En 2025, esta figura sigue teniendo gran importancia práctica, especialmente en procedimientos abreviados o juicios rápidos, donde su correcta aplicación puede ahorrar tiempo y recursos tanto al sistema judicial como a las partes implicadas.

¿Qué es la conformidad del acusado?

La conformidad del acusado es una manifestación voluntaria, consciente y expresa de aceptación de los hechos imputados y de la pena solicitada. Es decir, el acusado reconoce su responsabilidad penal y se muestra conforme con la pena propuesta, lo que puede implicar una reducción de dicha pena en virtud del acuerdo.

Se encuentra regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en los artículos 787 y siguientes, donde se detallan los requisitos, procedimientos y consecuencias de esta manifestación.

¿En qué procedimientos se aplica?

La conformidad del acusado se aplica principalmente en tres tipos de procedimientos:

  • Juicio rápido: el más habitual para delitos menos graves. Aquí la conformidad puede suponer una reducción de un tercio de la pena solicitada.
  • Procedimiento abreviado: para delitos con penas inferiores a nueve años de prisión. La conformidad puede formularse una vez presentada la acusación formal.
  • Juicio ordinario: menos frecuente, pero también contemplado, aunque con ciertas limitaciones y formalidades adicionales.

Requisitos para que sea válida

Para que la conformidad del acusado sea válida y surta efecto, deben cumplirse ciertos requisitos legales:

  1. Consentimiento voluntario y libre del acusado, sin presiones ni coacciones.
  2. Asistencia letrada obligatoria, es decir, el acusado debe estar asesorado por su abogado en todo momento.
  3. Reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado ante el juez o tribunal.
  4. Que la pena solicitada no supere los límites establecidos por la ley, en caso de aplicarse beneficios como la reducción de pena.

¿Qué beneficios tiene para el acusado?

El principal beneficio es la reducción de la pena, lo que incentiva a muchos acusados a optar por esta vía si consideran que la prueba en su contra es sólida y prefieren no arriesgarse a una pena mayor en juicio.

Además, puede implicar una resolución más rápida del proceso penal, lo cual disminuye el impacto emocional, social y económico del mismo, especialmente en casos en los que la condena no conlleva prisión efectiva.

Límites y excepciones

No todos los delitos permiten la aplicación de este mecanismo. En delitos muy graves o cuando se ven comprometidos derechos fundamentales, como en casos de violencia de género o delitos sexuales, los tribunales suelen aplicar esta figura con mayor rigor y cautela.

Asimismo, si se detecta que la conformidad se ha obtenido de forma irregular, el juez puede rechazarla y ordenar la continuación del proceso judicial con todas las garantías.

Conclusión

La conformidad del acusado es una herramienta eficaz para resolver procesos penales de forma más ágil, siempre que se garantice la libre voluntad del acusado y la legalidad del acuerdo. En 2025, sigue siendo una opción estratégica a considerar tanto por la defensa como por la acusación, pero debe manejarse con sumo cuidado para que no suponga una vulneración de derechos.

En cualquier caso, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado penalista para valorar si la conformidad es la mejor vía posible en función de las circunstancias del caso.

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Importante Actualización Legal para Autónomos con Empleados

Autónomos con empleados: si te retrasas en pagar la nómina, podrías enfrentarte a indemnizaciones

A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor una importante modificación en la legislación laboral que afecta directamente a los autónomos con empleados. La nueva normativa establece que, si un autónomo se retrasa más de 15 días en el pago de una nómina, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización. Además, si los impagos son recurrentes, el empleado podrá rescindir su contrato con una indemnización equivalente al despido improcedente y acceder a la prestación por desempleo.

Este cambio busca garantizar que los trabajadores reciban su salario en tiempo y forma, evitando que los retrasos en los pagos afecten su estabilidad económica.

¿Qué establece la nueva normativa?

La reforma introduce medidas más estrictas contra los retrasos en los pagos salariales. A continuación, te explicamos los puntos clave:

1️⃣ Retraso en el pago de la nómina

Si el salario no se abona en un plazo de 15 días después de la fecha pactada, el trabajador podrá exigir una indemnización al autónomo empleador.

2️⃣ Acumulación de impagos

Si el trabajador sufre impagos o retrasos continuados, podrá solicitar la extinción de su contrato con derecho a una indemnización equivalente al despido improcedente. Esto se aplicará en los siguientes casos:

Tres mensualidades completas impagadas en un periodo de un año, aunque no sean consecutivas.
Retrasos recurrentes en el pago del salario durante al menos seis meses.

3️⃣ Derecho a paro

Si el trabajador decide rescindir el contrato debido a estos impagos, podrá acceder a la prestación por desempleo, algo que antes no siempre era posible en casos de renuncia voluntaria.

¿Cómo afecta esto a los autónomos con empleados?

Para los autónomos con trabajadores a su cargo, esta normativa implica mayores responsabilidades y la necesidad de mejorar la gestión financiera para evitar sanciones. No pagar las nóminas a tiempo podría derivar en:

  • Indemnizaciones económicas: El pago de compensaciones a los trabajadores afectados.
  • Problemas legales: Posibles denuncias y sanciones por incumplimiento de la normativa laboral.
  • Pérdida de empleados clave: El retraso en los salarios puede generar malestar y pérdida de talento en la empresa.

Consejos para evitar problemas legales y financieros

Si eres autónomo y tienes empleados, es crucial que tomes medidas para cumplir con esta normativa y evitar posibles sanciones:

1️⃣ Controla tu flujo de caja

Lleva un seguimiento detallado de tus ingresos y gastos para asegurarte de que siempre tienes liquidez suficiente para pagar las nóminas a tiempo.

2️⃣ Usa herramientas de gestión financiera

Plataformas como Aurum Workspace pueden ayudarte a gestionar la administración de tu negocio de manera eficiente.

3️⃣ Consulta con expertos en derecho laboral

Si tienes dudas sobre la aplicación de esta normativa o enfrentas problemas financieros, asesórate con profesionales especializados, como los que puedes encontrar en Thalentia.

4️⃣ Negocia con tu equipo si hay dificultades

Si atraviesas un periodo complicado y crees que podrías retrasarte en el pago de nóminas, comunícalo con transparencia a tus empleados y busca soluciones conjuntas antes de que se convierta en un problema legal.

Conclusión

Esta nueva normativa refuerza la protección de los derechos de los trabajadores y establece medidas claras para evitar retrasos en el pago de salarios. Para los autónomos con empleados, supone un reto adicional, pero con una buena planificación financiera y el uso de herramientas adecuadas, es posible cumplir con estas obligaciones sin problemas.

Si necesitas asesoría sobre este tema o cualquier otro relacionado con la gestión de tu negocio, visita Aurum Workspace y Thalentia. ¡Tu tranquilidad y la de tus empleados es lo más importante! 🚀

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Doctrina del Tribunal Constitucional: Importancia del Emplazamiento en Procedimientos Legales

Introducción

El Tribunal Constitucional ha establecido criterios fundamentales sobre el emplazamiento en procedimientos legales, resaltando su relevancia en el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva. En este contexto, Thalentia, despacho de abogados en Guardamar del Segura, destaca la importancia de comprender estos principios para garantizar la defensa de los derechos de sus clientes.

La Importancia del Emplazamiento según el Tribunal Constitucional

Fundamentos del Derecho de Defensa

El Tribunal Constitucional sostiene que el derecho de defensa, incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva, garantiza el acceso al proceso y a recursos legales, asegurando la bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales. Destaca la responsabilidad de los órganos judiciales en realizar actos de comunicación que permitan la defensa de los intereses legítimos de las partes.

Condiciones para Vulnerar el Derecho Fundamental

Para que se vulnere este derecho fundamental, el Tribunal establece condiciones claras: el demandante debe tener interés legítimo, el demandado debe ser identificable, el órgano judicial debe cumplir con su obligación de comunicación procesal de manera efectiva, y el demandante debe experimentar indefensión real como resultado de la omisión del emplazamiento.

Emplazamiento Personal: Garantía de Defensa

El Tribunal Constitucional recalca que el emplazamiento personal en procedimientos judiciales es esencial para que las partes afectadas tengan la oportunidad de intervenir, ser escuchadas y ejercer su defensa de forma efectiva. Subraya que la falta o deficiente realización del emplazamiento coloca al interesado en una situación de indefensión, vulnerando su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Subsidiariedad de la Notificación por Edictos

El Tribunal establece que la notificación por edictos debe ser subsidiaria, aplicándose únicamente cuando se hayan agotado los medios para localizar al demandado de manera personal. Destaca la responsabilidad del órgano judicial en asegurar que estos actos de comunicación se realicen de forma efectiva y que se agoten todas las vías posibles antes de recurrir a la notificación por edictos.

Conclusiones: Nulidad de Actuaciones por Incumplimiento del Emplazamiento

En casos donde no se realiza el emplazamiento personal al demandado y se recurre únicamente a la notificación por edictos, el Tribunal Constitucional ha declarado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto puede llevar a la nulidad de actuaciones judiciales, resaltando la importancia de seguir rigurosamente los principios establecidos para garantizar un proceso legal justo y equitativo.

Thalentia, consciente de la relevancia de estos principios, se compromete a asegurar el cumplimiento de los actos de comunicación procesal para proteger los intereses y derechos de sus clientes, respetando en todo momento la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de emplazamiento en procedimientos legales.

Si necesitas ayuda sobre cualquier cosa relacionada con temas laborales, no dudes en ponerte en contacto con nuestras instalaciones, ya que en nuestro coworking contamos con un equipo de abogados que podrían ayudarte, estarán dispuestos a facilitarte toda la información que precises y actuar en beneficio de tus intereses y los de tus seres queridos”.

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No dudes en contactar con nosotros. Te ayudaremos a encontrar las soluciones que necesitas.

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septiembre 27, 2023 0 Comments

La Ocupación de Inmuebles en el Derecho Penal

🏡💼 La Ocupación de Inmuebles en el Derecho Penal 💼🏡

La ocupación ilegal de inmuebles es un tema que aborda el Derecho Penal y está sujeta a penalización, dependiendo de si se trata de la morada de la víctima o no. En AURUM WORKSPACE, exploramos esta cuestión y las diferencias clave en el tratamiento legal de estas situaciones. 📜

Dos Delitos Relevantes:

  1. Delito de Allanamiento de Morada (Artículo 202 del Código Penal): Este delito implica la ocupación ilegal de la morada de una persona. Se considera “morada” a la vivienda donde su titular realiza actividades de la vida cotidiana, ya sea como residencia permanente o eventual (segundas viviendas). Las penas para este delito son más severas en comparación con el siguiente.
  2. Delito de Usurpación (Artículo 245 del Código Penal): Este delito aborda la ocupación ilegal de inmuebles que no constituyen morada, como propiedades abandonadas o en construcción. En este caso, las penas son menos severas que en el delito de allanamiento de morada.

Instrucción de la Fiscalía General del Estado: 

Dada la creciente ocupación ilegal de inmuebles, la Fiscalía General del Estado emitió la Instrucción N.º 1/2020, de 15 de septiembre. Esta instrucción proporciona pautas para la solicitud de medidas cautelares en casos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Establece que, además de las primeras residencias, se consideran “morada” las segundas residencias o residencias de temporada donde se desarrolle, aunque sea de manera eventual, la vida privada de sus legítimos poseedores.

Delito de Usurpación sin Violencia: 

El artículo 245 del Código Penal también aborda la ocupación no violenta de inmuebles. Para que se configure este delito, se requieren varios elementos, como la ocupación sin violencia o intimidación, que el inmueble no sea una morada, que el ocupante carezca de título jurídico que lo legitime, y que conste la voluntad contraria del titular del inmueble.

Este último aspecto, la voluntad contraria del titular, debe ser expresa y debe existir dolo en el autor, que comprende el conocimiento de la ajenidad del inmueble y la falta de autorización o la oposición del titular.

El Principio de Intervención Mínima: 

El artículo 245 del Código Penal ha sido objeto de críticas debido a que interviene en situaciones de usurpación no violenta, que podrían resolverse mediante el derecho civil o administrativo. Algunos argumentan que el Derecho Penal debería reservarse para casos graves de usurpación que claramente demuestren la intención de apoderarse de lo ajeno.

En resumen, la ocupación ilegal de inmuebles es un tema legal complejo con diferencias fundamentales según si se trata de la morada de la víctima o no. Es importante contar con asesoramiento legal adecuado en estas situaciones. Para obtener más información o asistencia legal, no dudes en contactarnos en AURUM WORKSPACE, ya que contamos con un despacho de abogados en nuestras instalaciones que sabrán ayudarte y orientarte en el tema. ⚖️

En Thalentia Abogados, despacho de abogados ubicado en nuestras instalaciones en Guardamar, están para proporcionarte asesoramiento legal y orientación personalizada en casos de ocupación ilegal. Contáctanos para discutir tu situación específica y encontrar la mejor solución para recuperar la posesión de tu propiedad.

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