Desde octubre de 2022, gracias a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, muchas personas con raíces españolas han visto una nueva oportunidad para obtener la nacionalidad española. Esta normativa, también conocida popularmente como la “Ley de Nietos”, ha abierto la puerta a hijos y nietos de españoles que emigraron o fueron exiliados.

Aunque en un inicio el plazo para solicitar la nacionalidad terminaba en octubre de 2024, el Consejo de Ministros ha decidido extenderlo un año más, por lo que la nueva fecha límite es octubre de 2025. ¡Buenas noticias para quienes aún no han iniciado el trámite!

¿A quién beneficia esta Ley?

Para tramitar la nacionalidad bajo esta ley, es importante identificar correctamente en qué categoría —o “anexo”— encaja tu situación. A continuación, te explicamos los perfiles que pueden acogerse a esta normativa:

1. Descendientes de españoles exiliados

• Hijos o nietos de españoles que abandonaron el país por razones políticas, ideológicas, religiosas o por su orientación sexual o identidad de género durante períodos de persecución.
• Personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fueron españoles de origen, aunque hayan perdido la nacionalidad.

2. Hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse

Aquellas mujeres que, por las leyes anteriores a la Constitución de 1978, perdieron su nacionalidad española al contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros. Sus hijos ahora tienen derecho a solicitar la nacionalidad.

3. Hijos de personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Histórica

Los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad bajo la Ley 52/2007 (anterior Ley de Memoria Histórica), también están contemplados dentro del nuevo marco legal.

4. Brigadistas internacionales y su descendencia

Se reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a quienes formaron parte de las Brigadas Internacionales que combatieron en la Guerra Civil Española (1936-1939), así como a sus descendientes.

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¿Desde dónde se está solicitando más?

Países como Argentina, Cuba, México y Chile lideran las solicitudes, aunque la ley tiene un alcance global, ya que hay descendientes de españoles repartidos por todo el mundo que están aprovechando esta oportunidad.

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¿Por qué es tan importante esta nacionalidad?

Obtener la nacionalidad española no solo representa un vínculo emocional con las raíces familiares, también implica beneficios legales y sociales importantes: acceso al mercado laboral europeo, posibilidad de residir y moverse libremente por el espacio Schengen, que agrupa a 26 países europeos sin controles fronterizos internos.

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¿Cómo empezar el proceso?

Es fundamental contar con documentación que acredite el vínculo familiar, como partidas de nacimiento que demuestren el parentesco con el ascendiente español. Si no sabes por dónde empezar o qué documentos necesitas, podemos ayudarte paso a paso.

👉 Si estás pensando en iniciar este trámite o tienes dudas sobre si aplicas a la ley, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Estamos aquí para acompañarte en el proceso!

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La historia de España está marcada por una diversidad cultural que ha dejado huellas imborrables en su identidad. Entre estas, destaca la comunidad judía sefardí, cuyos descendientes han mantenido, a lo largo de los siglos, una conexión especial con la tierra de sus ancestros. En reconocimiento a este legado, España promulgó en 2015 la Ley 12/2015, facilitando la adquisición de la nacionalidad española para los sefardíes originarios de España. ​

Contexto Histórico

En 1492, mediante el Edicto de Granada, los Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo. Este decreto llevó a que miles de judíos sefardíes se dispersaran por diversas regiones del mundo, llevando consigo la lengua, tradiciones y cultura españolas. A pesar del destierro, muchos mantuvieron vivo el vínculo con España, transmitiendo de generación en generación el legado sefardí.​

La Ley 12/2015: Reparación Histórica

La Ley 12/2015, aprobada el 24 de junio de 2015, tiene como objetivo principal reconocer y reparar el daño histórico causado a los sefardíes. Esta normativa permite que los descendientes de judíos sefardíes puedan obtener la nacionalidad española sin necesidad de residir en España y sin renunciar a su nacionalidad actual. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos que acrediten su condición de sefardí y su especial vinculación con España. ​

Requisitos para la Obtención de la Nacionalidad

Para acceder a la nacionalidad española bajo esta ley, es necesario:

1. Acreditar la Condición de Sefardí: Presentar pruebas que demuestren la pertenencia a la comunidad sefardí, como apellidos, idioma familiar (ladino), certificados de la comunidad judía reconocida, entre otros.​
2. Demostrar la Especial Vinculación con España: Esto puede incluir estudios realizados en instituciones españolas, actividades benéficas en favor de entidades españolas, inversiones en España o conocimientos culturales y lingüísticos del país.​
3. Superar Pruebas de Conocimientos: Realizar y aprobar dos exámenes preparados por el Instituto Cervantes: uno de conocimientos socioculturales de España (CCSE) y otro de lengua española (DELE), este último obligatorio solo para quienes no sean hispanohablantes.​
4. Tramitación Notarial y Electrónica: El proceso incluye la presentación de la solicitud ante notario y su posterior tramitación electrónica, lo que agiliza el procedimiento y permite un seguimiento más eficiente.​

Impacto y Acogida de la Ley

Desde su entrada en vigor, la ley ha generado un notable interés a nivel internacional. Miles de descendientes de sefardíes han iniciado el proceso para recuperar la nacionalidad española, fortaleciendo así los lazos históricos y culturales entre España y la diáspora sefardí. Este gesto ha sido ampliamente valorado como un acto de justicia histórica y reconciliación.​

Consideraciones Finales

La Ley 12/2015 representa un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que los descendientes de aquellos que fueron expulsados hace más de cinco siglos puedan reencontrarse con sus raíces y formar parte activa de la sociedad española contemporánea. Es un ejemplo de cómo las naciones pueden reconocer y reparar errores históricos, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad cultural.​

Para quienes estén interesados en este proceso, es recomendable buscar asesoría especializada que facilite la recopilación de la documentación necesaria y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. De esta manera, se garantiza un trámite más ágil y efectivo en la obtención de la nacionalidad española.​

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​En el ámbito de las separaciones y divorcios, una cuestión recurrente es determinar desde cuándo debe un progenitor comenzar a abonar la pensión alimenticia a favor de sus hijos menores. La jurisprudencia española ha establecido que esta obligación se origina desde la fecha de interposición de la demanda y no desde la emisión de la sentencia que la establece.

Fundamento Legal

El Artículo 148.1 del Código Civil dispone que la obligación de prestar alimentos se retrotrae al momento en que se interpone la demanda. Esto significa que, aunque la sentencia que fija la pensión se dicte posteriormente, el obligado debe realizar los pagos desde la fecha en que se inició el proceso judicial.​

Aplicación en Casos Prácticos

Esta normativa se aplica de la siguiente manera:​

• Primera Fijación de Alimentos: Cuando se establece por primera vez una pensión alimenticia en favor de hijos menores, el obligado debe comenzar a pagar desde la fecha de presentación de la demanda.​
• Modificación de Medidas: Si se solicita una modificación de la pensión previamente establecida, ya sea para aumentarla o reducirla, los efectos de la nueva cuantía se aplicarán desde la fecha en que se dicte la sentencia correspondiente.

Jurisprudencia Relevante

El Tribunal Supremo ha ratificado esta interpretación en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia de 6 de febrero de 2020, se establece que en procedimientos de modificación de medidas, la pensión fijada opera desde el dictado de la nueva sentencia.

Conclusión

Es esencial que los progenitores comprendan que la obligación de abonar la pensión de alimentos a favor de sus hijos menores se genera desde el momento en que se interpone la demanda correspondiente. Esta medida busca garantizar el bienestar y sustento de los menores durante el proceso judicial, evitando períodos sin apoyo económico.​

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En el marco de los contratos de arrendamiento de vivienda, es común que surjan dudas sobre los límites de uso del inmueble. Una de las más frecuentes es si el inquilino puede subarrendar la vivienda —o parte de ella— a un tercero, especialmente en casos de pisos compartidos, habitaciones alquiladas o estancias temporales.

Con la normativa vigente en 2025, es fundamental conocer qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre este punto y cuáles son las consecuencias legales de realizar un subarriendo sin autorización del propietario.

¿Qué es el Subarriendo y Está Permitido?

El subarriendo ocurre cuando el inquilino (arrendatario) alquila total o parcialmente la vivienda a otra persona (subarrendatario). Esto implica que el arrendatario se convierte, a su vez, en arrendador de esa parte del inmueble.

Sin embargo, el artículo 8.2 de la LAU establece que el arrendatario no puede subarrendar, total o parcialmente, la vivienda sin el consentimiento expreso y por escrito del arrendador. Es decir, salvo que el contrato lo permita expresamente o se obtenga una autorización posterior, el subarriendo está prohibido.

¿Qué Pasa si el Inquilino Subarrienda sin Permiso?

Realizar un subarriendo sin el consentimiento del arrendador puede tener consecuencias legales importantes. En concreto:

• El arrendador puede resolver el contrato de arrendamiento por incumplimiento.
• El inquilino podría ser demandado por daños y perjuicios si el subarriendo genera problemas.
• El subarrendatario podría verse obligado a abandonar la vivienda sin derecho a indemnización.

Este tipo de situaciones puede escalar rápidamente en un conflicto judicial, por lo que es esencial evitar subarriendos informales o no comunicados.

¿Hay Excepciones o Formas de Legalizar un Subarriendo?

La única forma de que un subarriendo sea legal es que esté expresamente autorizado en el contrato de arrendamiento o que el arrendador emita una autorización por escrito posterior.

En el caso de arrendamientos para uso distinto al de vivienda habitual (por ejemplo, alquileres turísticos, oficinas o locales), la normativa puede ser diferente, por lo que conviene revisar cada situación de forma individual.

También se debe tener en cuenta que el subarriendo no implica una cesión del contrato. El inquilino sigue siendo responsable ante el arrendador del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

¿Cómo Proceder Si se Quiere Subarrendar Legalmente?

Si el inquilino desea subarrendar una habitación o parte del piso, debe:

1. Consultar el contrato de arrendamiento para verificar si hay una cláusula que lo permita.
2. En caso de no existir, solicitar por escrito el permiso al arrendador.
3. Firmar un acuerdo de subarriendo que especifique las condiciones: duración, renta, uso de zonas comunes, etc.

Es aconsejable contar con asesoramiento legal para redactar este acuerdo y asegurarse de que respeta los derechos del propietario y las obligaciones del inquilino.

Conclusión

El subarriendo puede ser una herramienta útil en determinadas circunstancias, pero realizarlo sin consentimiento expreso puede traer serias consecuencias legales. Tanto propietarios como inquilinos deben estar bien informados de sus derechos y límites para evitar conflictos futuros.

En Aurum Workspace, te ayudamos a revisar tu contrato y te asesoramos si estás pensando en subarrendar tu vivienda o si sospechas que tu inquilino lo ha hecho sin permiso. Mejor prevenir que enfrentarse a un litigio innecesario.

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Modificación de la Pensión de Alimentos: Efectos y Consideraciones Legales

La Audiencia Provincial y sus Decisiones

Cuando la Audiencia Provincial decide modificar la pensión de alimentos, surgen preguntas cruciales sobre la temporalidad de los efectos de dicha sentencia. Analicemos en detalle este proceso legal para comprender desde cuándo se aplican los cambios en la cuantía de la pensión alimenticia.

Determinando la Eficacia de la Modificación

¿Desde Cuándo Surte Efectos la Sentencia de Modificación?

Al abordar la eficacia de una alteración en la cuantía de la pensión alimenticia previamente establecida, la doctrina del Tribunal Supremo proporciona respuestas claras.

Principios Jurídicos Fundamentales

La doctrina se basa en dos principios legales esenciales: el artículo 106 del Código Civil y el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos establecen que los efectos y medidas de una sentencia terminan cuando son reemplazados por otra sentencia o cuando concluye el procedimiento de otro modo. Además, los recursos interpuestos contra la sentencia no suspenden la eficacia de las medidas adoptadas en la misma.

Fechas Clave: ¿Cuándo Comienza la Obligación?

La primera resolución que establece la pensión de alimentos tiene la peculiaridad de imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, ya que hasta ese momento la obligación no estaba determinada. Sin embargo, las resoluciones subsiguientes que modifican la cuantía, ya sea al alza o a la baja, solo surten efecto desde la fecha en que se dictan, reemplazando a las decisiones anteriores.

Precedente Jurídico: Sentencia del Tribunal Supremo de 23.06.2015

En una sentencia relevante del Tribunal Supremo del 23 de junio de 2015, se reitera la doctrina que respalda esta interpretación legal. La decisión destaca que la modificación de la pensión de alimentos, independientemente de la dirección (aumento o disminución), solo tiene efecto a partir de la fecha en que se dicta la sentencia que la acuerda.

Conclusión Legal: Resoluciones y Efectividad

En conclusión, cada resolución despliega su eficacia desde la fecha de su dictado. La primera resolución que establece la pensión puede imponer el pago desde la fecha de la demanda, mientras que las subsiguientes modificaciones solo surten efecto a partir de su propia fecha de dictado, reemplazando las decisiones previas.

La jurisprudencia consolidada refleja esta interpretación, garantizando claridad y coherencia en la aplicación de las modificaciones de la pensión de alimentos.

Desentrañando el Significado de Costas ProcesalesLas costas procesales, también conocidas como costas judiciales, constituyen los gastos inherentes a un procedimiento judicial. En este contexto, los desembolsos abarcan diversos elementos, como los honorarios del letrado, los derechos del procurador, los pagos a peritos, así como los costos asociados a copias de documentos, entre otros.¿Qué elementos componen las costas procesales? El artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) proporciona las directrices:Artículo 241: Pago de las costas y gastos del proceso“Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo.”Dentro de las costas procesales, se incluyen desembolsos como los honorarios de la defensa y representación técnica, anuncios obligatorios durante el proceso, depósitos para recursos, derechos de peritos, entre otros.¿Quién debe asumir las costas procesales?Independientemente de si hay una condena específica en costas durante el procedimiento, cada parte es responsable de sus gastos judiciales. En caso de una sentencia que condene a la parte contraria al pago de las costas procesales, el ganador puede solicitar al tribunal la compensación de los gastos incurridos en el litigio.Situaciones a considerar:

Parte perdedora del proceso judicial:

Debe asumir sus propios gastos y los de la parte contraria si el tribunal la condena al pago de costas. Es importante destacar que, incluso al perder, la parte aún debe pagar a su propio letrado y procurador.

Parte ganadora del proceso judicial:

Si el tribunal no se pronuncia sobre la condena en costas, cada parte cubrirá los honorarios de sus profesionales legales. Esto puede ocurrir si el juez tiene dudas sobre quién tiene la razón o si la petición inicial no se ha estimado completamente.En el caso de una condena en costas, el litigante vencedor tiene derecho a reclamar sus gastos a la parte vencida.

Procedimiento para reclamar costas: El proceso para solicitar el reembolso de las costas a la parte vencida se denomina “tasación de costas”. Este procedimiento establece la compensación justa de los desembolsos legales incurridos durante el litigio.

En resumen, las costas procesales no solo constituyen una parte integral de los procedimientos judiciales, sino que también definen las responsabilidades financieras de las partes involucradas, estableciendo un equilibrio justo en la balanza de la justicia.

En Thalentia Abogados, despacho de abogados ubicado en nuestras instalaciones en Guardamar, están para proporcionarte asesoramiento legal y orientación personalizada en casos costos procesales. Contáctanos para discutir tu situación específica y encontrar la mejor solución.

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Privación de la Patria Potestad: Requisitos Clave

La privación de la patria potestad, según el Tribunal Supremo, se justifica cuando los progenitores incumplen gravemente y de forma reiterada sus deberes hacia sus hijos menores. Los deberes de la patria potestad incluyen el cuidado, la alimentación, la educación y la protección de los hijos.

El artículo 170 del Código Civil establece que la privación de la patria potestad puede ocurrir por incumplimiento de deberes inherentes a ella, sentencia en causas criminales o matrimoniales. Los Tribunales pueden restaurar la patria potestad si cesa la causa que la motivó.

La interpretación de estos artículos ha llevado a diversas resoluciones contradictorias en los tribunales. Por ello, el Tribunal Supremo ha aclarado en las siguientes sentencias que la privación de la patria potestad requiere un incumplimiento voluntario, grave y reiterado de los deberes hacia los hijos menores.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9.11.2015

1º.- El artículo 170 del Código Civil prevé la facultad de que se pueda privar total o parcialmente de la patria potestad al que incumple los deberes inherentes a ella.

2º.- La privación de la patria potestad requiere que los progenitores incumplan tales deberes de forma grave y reiterada así como que sea beneficiosa para el hijo, pues la potestad es una función inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales hacia ellos en el más amplio sentido.

3º.-  Resulta incompatible mantener la patria potestad y, sin embargo, no ejercer en beneficio del hijo ninguno de los deberes inherentes a la misma.

4º.-  El interés del menor debe tenerse en cuenta a la hora de examinar si la privación de la patria potestad es conveniente o no para dicho menor.

5º.-  A la hora de valorarse el alcance y significado del incumplimiento de los referidos deberes (art. 154 Código Civil)  se exige una amplia facultad discrecional del juez para su apreciación, de manera que la disposición se interprete con arreglo a las circunstancias del caso concreto.

6º.-  En el presente caso (dice esta sentencia), han quedado probados graves y reiterados incumplimientos del progenitor prolongados en el tiempo, sin relacionarse con su hija, sin acudir al punto de encuentro, haciendo dejación de sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada, y todo ello desde que la menor contaba muy poca edad; por lo que ha quedado afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, sin perjuicio de las previsiones legales que fuesen posibles, de futuro conforme a derecho, y que recoge el Tribunal de instancia.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1.10.2019

“A partir de la citada doctrina procede el examen del caso enjuiciado a fin de valorar si la sentencia recurrida se aparta de ella, bien entendido que el análisis habrá de compadecerse con las circunstancias del caso, sin prevalecer una consideración exclusivamente objetiva del supuesto de hecho.

1.- Tanto la sentencia de primera instancia, como la de la Audiencia, coinciden en la dejación por el recurrente de las obligaciones inherentes a la patria potestad , tanto en la esfera patrimonial como en la afectiva del régimen de visitas, en los términos que se han recogido en el resumen de antecedentes.

La sentencia de primera instancia, sin embargo, entiende, pese a la gravedad de tales incumplimientos, que no procede la privación de la patria potestad.

Funda su decisión en dos hechos: (i) que el recurrente ha expresado su voluntad de cumplir sus obligaciones, y (ii) que, y es lo esencial, que no ha quedado acreditado que la privación de la patria potestad suponga un beneficio para la menor y para el interés de ésta.

La sentencia recurrida (dictada por la Audiencia Provincial) discrepa de la valoración jurídica por inferir, pese a lo parco de la motivación, que en supuestos tan graves e injustificados de incumplimiento de las obligaciones paterno-filiales, lo que exige el interés del menor es esa privación.

2.- Un caso similar al presente fue el enjuiciado en la sentencia n.º 621/2015, de 9 de noviembre , y en ella se reconocía cómo unos incumplimientos tan graves de las obligaciones paterno-filiales afectaba la relación paterno filial de manera seria, y justifica que proceda, en beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente.

No tendría sentido, por ir en contra del interés de la menor, que quien se ha desentendido gravemente de ella, tanto en lo afectivo como en lo patrimonial, conserve, potencialmente, facultades de decisión sobre ella derivadas de la patria potestad.

Ello no impide ( STS 5 de marzo de 1998 ) que en el futuro, y en beneficio de la hija, si el recurrente cumple lo declarado y prometido, los Tribunales puedan acordar la recuperación de la patria potestad , cuando hubieran cesado las causas que motivaron la privación ( art. 170, párrafo segundo, Código civil).

Tampoco impide la decisión acordada que el recurrente pueda relacionarse con su hija en los términos del artículo 160 Código Civil, si así se solicita y se considerase procedente en el futuro.

Se acuerda confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de acordar la privación de la patria potestad”

En resumen, la privación de la patria potestad es una medida extrema que se toma cuando uno de los progenitores incumple de forma voluntaria, grave y repetida sus deberes hacia los hijos menores.

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Según el Tribunal Supremo, la custodia compartida se presenta como un régimen normal y deseable para el buen desarrollo del menor en sus relaciones paterno-filiales con ambos progenitores. Y esto no solo por el continuo contacto con ambos, sino porque de esta forma podrá conservar los vínculos hasta la mayoría de edad en la que decida independizarse o voluntariamente residir con uno de los progenitores de manera permanente, aunque siga visitando al otro.

La custodia compartida se recoge en nuestro artículo 92 del Código Civil, artículo que expone en sus apartados 5 a 9, la necesidad imperante de proteger adecuadamente, siempre y en todo caso, el interés superior del menor como derecho de protección preferente. Es por ello que el apartado 9 del artículo 92 CC establece la posibilidad de que el juez, siempre que lo crea conveniente al objeto de proteger los intereses del menor, pueda solicitar dictámenes de especialistas que traten directamente con ellos, a fin de determinar cuál sería la opción más idónea, para su correcto desarrollo:

“El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.”

El hecho de que exista una figura como la custodia compartida, no hace sino poner de manifiesto la necesidad de que exista un derecho a relacionarse con ambos progenitores, aun en situación de crisis cuando así sea posible y para ello, se ha dotado a los Tribunales sobre esta materia, una amplitud de facultades que les posibilitan a tomar una decisión discrecional sobre el tema sin necesidad de estar vinculados al informe favorable del Ministerio Fiscal.

No obstante a ello, es imprescindible como ya hemos mencionado, fundar toda decisión en el interés superior del menor que quedará afecto al nuevo régimen, un interés que necesita de unos criterios para que en este caso se otorgue la custodia compartida, estos son principalmente, entre otros: 

• La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales.
• El número de hijos, ya sea uno o varios, así como sus deseos manifiestos.
• El Cumplimiento de los deberes como progenitores
• El resultado de los informes exigidos legalmente de profesionales habilitados.

Lo que NO es un criterio y además hay que tener en cuenta, es el hecho de que, aunque no exista comunicación entre los progenitores, esto es irrelevante para mantener o solicitar un régimen de custodia compartida, y así mismo lo expresa el Tribunal Supremo en su STS de 24 de septiembre de 2019 sobre la modificación de circunstancias para acordar la custodia compartida de los hijos menores y extinguir el régimen de custodia monoparental.

Algunos ejemplos en los que procede la Custodia Compartida según jurisprudencia asentada por el propio Tribunal Supremo son:

• STS de 12 de mayo de 2017

“La custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Pero ello no impide a que la existencia de desencuentros, propios de la crisis matrimonial, no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, a salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos. Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial”.

• SSTS de 4 de febrero de 2016; 11 de febrero de 2016; 9 de marzo de 2016; 433/2016 de 27 de junio… entre otras.

Reiteración por parte de las salas de “la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida”

    STS de 15 de julio de 2015

Se otorga el Régimen de Custodia Compartida una vez atendido que:

• “El menor se va a beneficiar porque ambos progenitores reúnen condiciones adecuadas y suficientes para el ejercicio de sus responsabilidades parentales.
• Ambos tienen capacidad para atender a su hijo de manera adecuada según motiva el informe del equipo psicosocial;
• Sus horarios laborales se acomodan a la mejor atención del menor;
• El menor tiene una vinculación sólida con su padre y con su madre;
• No existe por su edad factores negativos para actividades básicas
• Ambos progenitores tienen domicilio estable.
• Finalmente coincide el deseo del menor, que es calificado por el equipo psicosocial de maduro a tal fin, con el sistema de custodia compartida”.

En conclusión, tal y como ya hemos visto brevemente expuesto en este artículo, la línea que el Tribunal Supremo sienta como doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de los Arts. 92-5, 6 y 7 del Código Civil, gira entorno al “interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar”, un interés que no permite concluir que la custodia compartida sea una medida excepcional, sino que, al contrario, esta deberá considerarse normal e incluso deseable al permitir que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun cuando entre estos no exista comunicación o se hallaren en situación de crisis.

Si necesitas ayuda sobre “Custodia compartida” no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de profesionales, quienes estarán dispuestos a facilitarte toda la información que precises y actuar en beneficio de tus intereses y los de tus seres queridos”.

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