¿Siempre paga el que pierde? Así funciona la condena en costas

Una de las preguntas más frecuentes cuando alguien inicia un procedimiento judicial es: “¿Quién paga los gastos del juicio si pierdo?”. La respuesta está en la conocida “condena en costas”, un mecanismo regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil que determina quién debe asumir los gastos derivados del proceso. Y sí, la regla general es que quien pierde paga… pero como en casi todo en Derecho, hay matices.

¿Qué son exactamente las costas procesales?

Las costas procesales son los gastos originados durante un procedimiento judicial: honorarios de abogados, procuradores, peritos, tasas judiciales y demás gastos necesarios para la defensa en juicio. Es importante distinguirlas de las multas o indemnizaciones, ya que las costas no tienen un carácter sancionador, sino compensatorio: buscan que quien ha ganado no salga perjudicado económicamente por haber ejercido su derecho a reclamar.

¿Cuándo se impone la condena en costas?

Según el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si una de las partes pierde el juicio en su totalidad, lo habitual es que el juez le imponga las costas. Es lo que se conoce como el principio del vencimiento: quien pierde, paga. Sin embargo, el tribunal puede decidir no imponerlas si considera que el caso planteaba serias dudas de hecho o de derecho.

Por ejemplo, si se trata de un asunto novedoso o no hay jurisprudencia clara, el juez podría entender que ambas partes tenían razones fundadas para defender su postura, y decidir que cada uno pague lo suyo.

¿Y si solo pierdo una parte del juicio?

Cuando la parte que pierde lo hace solo parcialmente (por ejemplo, si le reclaman 10.000 € y el juez solo estima 2.000 €), el tribunal puede decidir que no haya condena en costas o que cada parte pague las suyas. La clave está en si el resultado fue previsible o no, y si hubo o no abuso en la reclamación.

Esto también se valora mucho en juicios sobre cláusulas abusivas o reclamaciones bancarias, donde a veces hay estimaciones parciales.

¿Qué pasa si me imponen las costas?

Si te condenan en costas, tendrás que abonar todos los gastos que la otra parte haya acreditado, hasta el límite que marca el arancel profesional. Aun así, puedes oponerte a la tasación si consideras que hay errores o que los gastos son excesivos.

Y muy importante: si no pagas las costas voluntariamente, pueden exigírtelas mediante ejecución forzosa, lo que implica embargos o recargos.

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Ocupar una vivienda sin autorización: consecuencias legales reales

Ocupar una vivienda sin autorización puede parecer, a simple vista, un acto de necesidad. Sin embargo, en términos legales, conlleva consecuencias graves tanto en el ámbito civil como penal. En este artículo analizamos las implicaciones de ocupar una vivienda sin autorización, usando un caso real de 2025 que pone sobre la mesa lo que puede pasar si alguien se instala en una casa sin permiso del propietario.

Caso real: ocupar una vivienda sin autorización tras recibir unas llaves

En enero de 2025, en una localidad valenciana, un propietario denunció que una pareja había ocupado una de sus viviendas sin autorización. La pareja afirmó que había recibido las llaves de un supuesto intermediario a cambio de dinero. No existía ningún contrato, título legal ni comunicación con el verdadero propietario.

El dueño, al darse cuenta de lo ocurrido, inició un proceso judicial para recuperar su vivienda. Primero acudió a la vía civil mediante un desahucio por precario y luego interpuso una denuncia penal por ocupación ilegal (usurpación de inmueble). Un escenario común en estos casos de ocupar una vivienda sin autorización.

¿Qué dice la ley sobre ocupar una vivienda sin autorización?

La ley distingue dos caminos para responder legalmente ante este tipo de ocupación:

• Vía civil: El propietario puede iniciar un desahucio por precario, una vía ágil cuando quien ocupa la vivienda no tiene ningún título que justifique su estancia.
• Vía penal: El artículo 245.2 del Código Penal castiga con multas a quien ocupe sin autorización una vivienda ajena, especialmente si hay elementos como violencia o manipulación de cerraduras.

Ambas vías buscan proteger el derecho a la propiedad y sancionar actos de ocupación sin autorización.

¿Y si el ocupante pagó por entrar?

En muchos casos, los ocupantes argumentan haber pagado a alguien por entrar a vivir en la vivienda. Pero si esa persona no tiene relación con el propietario, no genera ningún derecho legal. En el caso comentado, el juez ordenó el desalojo al comprobar que no existía ninguna justificación válida para la ocupación.

Este tipo de excusas no eximen de las consecuencias de ocupar una vivienda sin autorización.

Consecuencias legales de ocupar una vivienda sin autorización

Quien ocupa una vivienda sin permiso puede enfrentarse a:

• Desalojo forzoso, mediante orden judicial.
• Multas penales si se demuestra usurpación.
• Pago de indemnizaciones por daños al inmueble.
• Antecedentes que afectan al historial judicial.
• Posible exclusión de ayudas sociales relacionadas con la vivienda.

La justicia actúa con rapidez cuando se demuestra que no existe título legal alguno para la ocupación.

Conclusión: No ocupes una vivienda sin autorización, tiene consecuencias

Ocupar una vivienda sin autorización no es solo una cuestión social o moral: es un problema legal serio. Puede derivar en sanciones civiles y penales, pérdida de ayudas y antecedentes judiciales. La recomendación es clara: si necesitas una vivienda, hazlo siempre por vías legales. Y si eres propietario, actúa cuanto antes si detectas una ocupación, ya que el tiempo es clave para recuperar tu propiedad.. Lo más inteligente es buscar siempre soluciones dentro del marco de la legalidad.

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🏡 Fin de la prórroga del contrato de alquiler: ¿y ahora qué?

La prórroga legal del contrato de alquiler es un concepto que ha sido clave para dar estabilidad a los inquilinos. Sin embargo, muchos propietarios y arrendatarios desconocen qué ocurre una vez finaliza esa prórroga. Con la normativa vigente en 2025, entender las consecuencias legales de esta situación es más importante que nunca. En este artículo te explicamos qué opciones tienen ambas partes cuando el contrato entra en su etapa final y no se renueva expresamente.

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¿Qué es la prórroga legal del contrato de alquiler?

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), cuando un contrato de alquiler llega a su vencimiento y ninguna de las partes manifiesta lo contrario, este puede entrar en un período de prórroga tácita o legal. Esta prórroga puede extenderse por un año si el inquilino lo desea y el arrendador no comunica su voluntad de no renovar con al menos 4 meses de antelación.

Hasta 2025, esta prórroga ha sido una herramienta clave para proteger al inquilino. Sin embargo, la prórroga no es indefinida y tiene un límite temporal. ¿Qué pasa cuando termina?

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Fin de la prórroga: derechos y obligaciones

Una vez finaliza la prórroga legal, pueden ocurrir varios escenarios:

• No hay acuerdo de renovación: si ninguna de las partes muestra intención de continuar, el contrato se extingue y el inquilino debe abandonar la vivienda.
• Continúa la ocupación sin oposición del arrendador: si el arrendatario sigue en el inmueble y el arrendador no se opone, la ley entiende que existe una prórroga tácita por tiempo indefinido. En este caso, cualquiera de las partes podrá finalizar el contrato en cualquier momento, respetando el preaviso legal (normalmente 30 días).
• Nuevo contrato: si ambas partes están interesadas, pueden firmar un nuevo contrato con nuevas condiciones, actualizando el importe del alquiler, duración, etc.

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¿Puede el propietario negarse a renovar?

Sí. El propietario puede negarse a renovar una vez terminada la prórroga legal, pero debe comunicarlo con al menos cuatro meses de antelación antes del vencimiento del contrato. Si no lo hace, el inquilino tiene derecho a otra anualidad de prórroga.

Por eso, la clave está en la comunicación previa y formal. Si no hay un aviso dentro del plazo establecido, la prórroga se activa de nuevo.

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¿Y si el inquilino no se va tras el fin del contrato?

En este caso, si no hay prórroga tácita ni nuevo contrato y el arrendatario no abandona el inmueble, el propietario podrá iniciar un procedimiento de desahucio por expiración del plazo contractual.

No obstante, los tribunales suelen valorar si hubo consentimiento tácito del arrendador para continuar la relación, especialmente si siguió aceptando el pago del alquiler.

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Recomendaciones legales

✅ Para propietarios: comunícate con tiempo si no deseas renovar. Deja constancia escrita (burofax, email certificado o carta con acuse de recibo).

✅ Para inquilinos: asegúrate de conocer tu fecha de finalización y, si deseas continuar, inicia la conversación con antelación para evitar incertidumbre.

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Conclusión

El fin de la prórroga legal del contrato de alquiler no significa necesariamente el fin de la relación arrendaticia, pero abre un nuevo escenario que requiere claridad legal y buena comunicación. Tanto arrendadores como arrendatarios deben estar informados sobre sus derechos y deberes para evitar conflictos y proteger su posición jurídica.

En Aurum Workspace te ayudamos a interpretar tu contrato, valorar tus opciones y tomar decisiones seguras. Si necesitas asesoría, cuenta con nosotros.

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La justicia española ha dado un paso firme hacia la modernización con la aprobación, en enero de 2025, de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un cambio estructural en el acceso a los tribunales: en muchos procedimientos civiles y mercantiles, será obligatorio acudir previamente a medios alternativos de solución de conflictos (MASC), como la mediación, la conciliación o la negociación.

Con este nuevo enfoque, el sistema judicial busca agilizar los tiempos, reducir la saturación de los juzgados y fomentar acuerdos más rápidos, económicos y consensuados.

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¿Qué son los MASC y por qué ahora son obligatorios?

Los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) son procedimientos extrajudiciales que permiten resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio. Bajo este paraguas encontramos la mediación, la conciliación, la negociación y otros métodos basados en el diálogo entre las partes.

Hasta ahora, estos mecanismos eran voluntarios. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva ley, en muchos supuestos será obligatorio intentar primero una solución alternativa antes de presentar una demanda judicial.

No se trata de un simple trámite: las partes deben asistir, al menos, a una sesión informativa sobre la posibilidad de resolver su conflicto fuera del juzgado. Solo si no se llega a un acuerdo o una de las partes no se presenta, se podrá continuar con el proceso judicial tradicional.

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¿A qué asuntos se aplica esta obligación?

Esta medida afecta principalmente a los procedimientos civiles y mercantiles, como por ejemplo:

• Reclamaciones de cantidad.
• Conflictos entre propietarios en comunidades de vecinos.
• Litigios contractuales entre empresas o particulares.
• Disputas por alquileres o arrendamientos.

Quedan excluidos, por ahora, los procedimientos penales, laborales y contencioso-administrativos, aunque la ley también promueve el uso voluntario de MASC en estos ámbitos.

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¿Qué pasa si no asisto a la sesión de MASC?

Si una de las partes no acude a la sesión informativa sin justificación, podría tener consecuencias procesales. El juez, al evaluar el caso, podrá tener en cuenta la falta de voluntad de negociar a la hora de imponer costas u otras decisiones relevantes.

Por tanto, aunque el acuerdo no sea obligatorio, sí lo es demostrar buena fe y una actitud colaborativa en el intento de resolver el conflicto fuera del juzgado.

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Ventajas de los MASC frente al juicio tradicional

• Ahorro de tiempo: se pueden resolver en semanas, frente a los meses o años que puede durar un juicio.
• Menos costes: sin tasas judiciales ni costes procesales elevados.
• Soluciones flexibles: las partes pueden pactar acuerdos personalizados.
• Mejora de la relación entre las partes: especialmente útil en conflictos familiares, vecinales o empresariales.

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¿Qué profesionales pueden ayudarme con este proceso?

Abogados, mediadores profesionales y centros de resolución de conflictos están ahora en el centro de esta transformación. Si estás implicado en un conflicto susceptible de resolverse por MASC, es importante que busques asesoría legal para elegir la vía más adecuada y cumplir con los requisitos legales.

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Conclusión

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025 marca un antes y un después en la forma de entender la resolución de conflictos en España. Obligar a las partes a explorar vías amistosas antes de acudir a juicio supone un giro hacia una justicia más cercana, ágil y eficaz.

Este cambio representa también una oportunidad para los profesionales del derecho de ofrecer servicios más completos y adaptados a los tiempos, donde no solo se litiga, sino que también se acompaña al cliente a encontrar soluciones negociadas.

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La historia de España está marcada por una diversidad cultural que ha dejado huellas imborrables en su identidad. Entre estas, destaca la comunidad judía sefardí, cuyos descendientes han mantenido, a lo largo de los siglos, una conexión especial con la tierra de sus ancestros. En reconocimiento a este legado, España promulgó en 2015 la Ley 12/2015, facilitando la adquisición de la nacionalidad española para los sefardíes originarios de España. ​

Contexto Histórico

En 1492, mediante el Edicto de Granada, los Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo. Este decreto llevó a que miles de judíos sefardíes se dispersaran por diversas regiones del mundo, llevando consigo la lengua, tradiciones y cultura españolas. A pesar del destierro, muchos mantuvieron vivo el vínculo con España, transmitiendo de generación en generación el legado sefardí.​

La Ley 12/2015: Reparación Histórica

La Ley 12/2015, aprobada el 24 de junio de 2015, tiene como objetivo principal reconocer y reparar el daño histórico causado a los sefardíes. Esta normativa permite que los descendientes de judíos sefardíes puedan obtener la nacionalidad española sin necesidad de residir en España y sin renunciar a su nacionalidad actual. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos que acrediten su condición de sefardí y su especial vinculación con España. ​

Requisitos para la Obtención de la Nacionalidad

Para acceder a la nacionalidad española bajo esta ley, es necesario:

1. Acreditar la Condición de Sefardí: Presentar pruebas que demuestren la pertenencia a la comunidad sefardí, como apellidos, idioma familiar (ladino), certificados de la comunidad judía reconocida, entre otros.​
2. Demostrar la Especial Vinculación con España: Esto puede incluir estudios realizados en instituciones españolas, actividades benéficas en favor de entidades españolas, inversiones en España o conocimientos culturales y lingüísticos del país.​
3. Superar Pruebas de Conocimientos: Realizar y aprobar dos exámenes preparados por el Instituto Cervantes: uno de conocimientos socioculturales de España (CCSE) y otro de lengua española (DELE), este último obligatorio solo para quienes no sean hispanohablantes.​
4. Tramitación Notarial y Electrónica: El proceso incluye la presentación de la solicitud ante notario y su posterior tramitación electrónica, lo que agiliza el procedimiento y permite un seguimiento más eficiente.​

Impacto y Acogida de la Ley

Desde su entrada en vigor, la ley ha generado un notable interés a nivel internacional. Miles de descendientes de sefardíes han iniciado el proceso para recuperar la nacionalidad española, fortaleciendo así los lazos históricos y culturales entre España y la diáspora sefardí. Este gesto ha sido ampliamente valorado como un acto de justicia histórica y reconciliación.​

Consideraciones Finales

La Ley 12/2015 representa un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que los descendientes de aquellos que fueron expulsados hace más de cinco siglos puedan reencontrarse con sus raíces y formar parte activa de la sociedad española contemporánea. Es un ejemplo de cómo las naciones pueden reconocer y reparar errores históricos, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad cultural.​

Para quienes estén interesados en este proceso, es recomendable buscar asesoría especializada que facilite la recopilación de la documentación necesaria y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. De esta manera, se garantiza un trámite más ágil y efectivo en la obtención de la nacionalidad española.​

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​En el ámbito de las separaciones y divorcios, una cuestión recurrente es determinar desde cuándo debe un progenitor comenzar a abonar la pensión alimenticia a favor de sus hijos menores. La jurisprudencia española ha establecido que esta obligación se origina desde la fecha de interposición de la demanda y no desde la emisión de la sentencia que la establece.

Fundamento Legal

El Artículo 148.1 del Código Civil dispone que la obligación de prestar alimentos se retrotrae al momento en que se interpone la demanda. Esto significa que, aunque la sentencia que fija la pensión se dicte posteriormente, el obligado debe realizar los pagos desde la fecha en que se inició el proceso judicial.​

Aplicación en Casos Prácticos

Esta normativa se aplica de la siguiente manera:​

• Primera Fijación de Alimentos: Cuando se establece por primera vez una pensión alimenticia en favor de hijos menores, el obligado debe comenzar a pagar desde la fecha de presentación de la demanda.​
• Modificación de Medidas: Si se solicita una modificación de la pensión previamente establecida, ya sea para aumentarla o reducirla, los efectos de la nueva cuantía se aplicarán desde la fecha en que se dicte la sentencia correspondiente.

Jurisprudencia Relevante

El Tribunal Supremo ha ratificado esta interpretación en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia de 6 de febrero de 2020, se establece que en procedimientos de modificación de medidas, la pensión fijada opera desde el dictado de la nueva sentencia.

Conclusión

Es esencial que los progenitores comprendan que la obligación de abonar la pensión de alimentos a favor de sus hijos menores se genera desde el momento en que se interpone la demanda correspondiente. Esta medida busca garantizar el bienestar y sustento de los menores durante el proceso judicial, evitando períodos sin apoyo económico.​

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En el marco de los contratos de arrendamiento de vivienda, es común que surjan dudas sobre los límites de uso del inmueble. Una de las más frecuentes es si el inquilino puede subarrendar la vivienda —o parte de ella— a un tercero, especialmente en casos de pisos compartidos, habitaciones alquiladas o estancias temporales.

Con la normativa vigente en 2025, es fundamental conocer qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre este punto y cuáles son las consecuencias legales de realizar un subarriendo sin autorización del propietario.

¿Qué es el Subarriendo y Está Permitido?

El subarriendo ocurre cuando el inquilino (arrendatario) alquila total o parcialmente la vivienda a otra persona (subarrendatario). Esto implica que el arrendatario se convierte, a su vez, en arrendador de esa parte del inmueble.

Sin embargo, el artículo 8.2 de la LAU establece que el arrendatario no puede subarrendar, total o parcialmente, la vivienda sin el consentimiento expreso y por escrito del arrendador. Es decir, salvo que el contrato lo permita expresamente o se obtenga una autorización posterior, el subarriendo está prohibido.

¿Qué Pasa si el Inquilino Subarrienda sin Permiso?

Realizar un subarriendo sin el consentimiento del arrendador puede tener consecuencias legales importantes. En concreto:

• El arrendador puede resolver el contrato de arrendamiento por incumplimiento.
• El inquilino podría ser demandado por daños y perjuicios si el subarriendo genera problemas.
• El subarrendatario podría verse obligado a abandonar la vivienda sin derecho a indemnización.

Este tipo de situaciones puede escalar rápidamente en un conflicto judicial, por lo que es esencial evitar subarriendos informales o no comunicados.

¿Hay Excepciones o Formas de Legalizar un Subarriendo?

La única forma de que un subarriendo sea legal es que esté expresamente autorizado en el contrato de arrendamiento o que el arrendador emita una autorización por escrito posterior.

En el caso de arrendamientos para uso distinto al de vivienda habitual (por ejemplo, alquileres turísticos, oficinas o locales), la normativa puede ser diferente, por lo que conviene revisar cada situación de forma individual.

También se debe tener en cuenta que el subarriendo no implica una cesión del contrato. El inquilino sigue siendo responsable ante el arrendador del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

¿Cómo Proceder Si se Quiere Subarrendar Legalmente?

Si el inquilino desea subarrendar una habitación o parte del piso, debe:

1. Consultar el contrato de arrendamiento para verificar si hay una cláusula que lo permita.
2. En caso de no existir, solicitar por escrito el permiso al arrendador.
3. Firmar un acuerdo de subarriendo que especifique las condiciones: duración, renta, uso de zonas comunes, etc.

Es aconsejable contar con asesoramiento legal para redactar este acuerdo y asegurarse de que respeta los derechos del propietario y las obligaciones del inquilino.

Conclusión

El subarriendo puede ser una herramienta útil en determinadas circunstancias, pero realizarlo sin consentimiento expreso puede traer serias consecuencias legales. Tanto propietarios como inquilinos deben estar bien informados de sus derechos y límites para evitar conflictos futuros.

En Aurum Workspace, te ayudamos a revisar tu contrato y te asesoramos si estás pensando en subarrendar tu vivienda o si sospechas que tu inquilino lo ha hecho sin permiso. Mejor prevenir que enfrentarse a un litigio innecesario.

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En el ámbito del derecho penal español, la conformidad del acusado representa una herramienta procesal de gran relevancia. Este mecanismo permite al acusado aceptar los hechos y la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, agilizando así el procedimiento judicial. En 2025, esta figura sigue teniendo gran importancia práctica, especialmente en procedimientos abreviados o juicios rápidos, donde su correcta En el ámbito del derecho penal español, la conformidad del acusado representa una herramienta procesal de gran relevancia. Este mecanismo permite al acusado aceptar los hechos y la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, agilizando así el procedimiento judicial. En 2025, esta figura sigue teniendo gran importancia práctica, especialmente en procedimientos abreviados o juicios rápidos, donde su correcta aplicación puede ahorrar tiempo y recursos tanto al sistema judicial como a las partes implicadas.

¿Qué es la conformidad del acusado?

La conformidad del acusado es una manifestación voluntaria, consciente y expresa de aceptación de los hechos imputados y de la pena solicitada. Es decir, el acusado reconoce su responsabilidad penal y se muestra conforme con la pena propuesta, lo que puede implicar una reducción de dicha pena en virtud del acuerdo.

Se encuentra regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en los artículos 787 y siguientes, donde se detallan los requisitos, procedimientos y consecuencias de esta manifestación.

¿En qué procedimientos se aplica?

La conformidad del acusado se aplica principalmente en tres tipos de procedimientos:

• Juicio rápido: el más habitual para delitos menos graves. Aquí la conformidad puede suponer una reducción de un tercio de la pena solicitada.
• Procedimiento abreviado: para delitos con penas inferiores a nueve años de prisión. La conformidad puede formularse una vez presentada la acusación formal.
• Juicio ordinario: menos frecuente, pero también contemplado, aunque con ciertas limitaciones y formalidades adicionales.

Requisitos para que sea válida

Para que la conformidad del acusado sea válida y surta efecto, deben cumplirse ciertos requisitos legales:

1. Consentimiento voluntario y libre del acusado, sin presiones ni coacciones.
2. Asistencia letrada obligatoria, es decir, el acusado debe estar asesorado por su abogado en todo momento.
3. Reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado ante el juez o tribunal.
4. Que la pena solicitada no supere los límites establecidos por la ley, en caso de aplicarse beneficios como la reducción de pena.

¿Qué beneficios tiene para el acusado?

El principal beneficio es la reducción de la pena, lo que incentiva a muchos acusados a optar por esta vía si consideran que la prueba en su contra es sólida y prefieren no arriesgarse a una pena mayor en juicio.

Además, puede implicar una resolución más rápida del proceso penal, lo cual disminuye el impacto emocional, social y económico del mismo, especialmente en casos en los que la condena no conlleva prisión efectiva.

Límites y excepciones

No todos los delitos permiten la aplicación de este mecanismo. En delitos muy graves o cuando se ven comprometidos derechos fundamentales, como en casos de violencia de género o delitos sexuales, los tribunales suelen aplicar esta figura con mayor rigor y cautela.

Asimismo, si se detecta que la conformidad se ha obtenido de forma irregular, el juez puede rechazarla y ordenar la continuación del proceso judicial con todas las garantías.

Conclusión

La conformidad del acusado es una herramienta eficaz para resolver procesos penales de forma más ágil, siempre que se garantice la libre voluntad del acusado y la legalidad del acuerdo. En 2025, sigue siendo una opción estratégica a considerar tanto por la defensa como por la acusación, pero debe manejarse con sumo cuidado para que no suponga una vulneración de derechos.

En cualquier caso, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado penalista para valorar si la conformidad es la mejor vía posible en función de las circunstancias del caso.

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Autónomos con empleados: si te retrasas en pagar la nómina, podrías enfrentarte a indemnizaciones

A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor una importante modificación en la legislación laboral que afecta directamente a los autónomos con empleados. La nueva normativa establece que, si un autónomo se retrasa más de 15 días en el pago de una nómina, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización. Además, si los impagos son recurrentes, el empleado podrá rescindir su contrato con una indemnización equivalente al despido improcedente y acceder a la prestación por desempleo.

Este cambio busca garantizar que los trabajadores reciban su salario en tiempo y forma, evitando que los retrasos en los pagos afecten su estabilidad económica.

¿Qué establece la nueva normativa?

La reforma introduce medidas más estrictas contra los retrasos en los pagos salariales. A continuación, te explicamos los puntos clave:

1️⃣ Retraso en el pago de la nómina

Si el salario no se abona en un plazo de 15 días después de la fecha pactada, el trabajador podrá exigir una indemnización al autónomo empleador.

2️⃣ Acumulación de impagos

Si el trabajador sufre impagos o retrasos continuados, podrá solicitar la extinción de su contrato con derecho a una indemnización equivalente al despido improcedente. Esto se aplicará en los siguientes casos:

✅ Tres mensualidades completas impagadas en un periodo de un año, aunque no sean consecutivas.
✅ Retrasos recurrentes en el pago del salario durante al menos seis meses.

3️⃣ Derecho a paro

Si el trabajador decide rescindir el contrato debido a estos impagos, podrá acceder a la prestación por desempleo, algo que antes no siempre era posible en casos de renuncia voluntaria.

¿Cómo afecta esto a los autónomos con empleados?

Para los autónomos con trabajadores a su cargo, esta normativa implica mayores responsabilidades y la necesidad de mejorar la gestión financiera para evitar sanciones. No pagar las nóminas a tiempo podría derivar en:

• Indemnizaciones económicas: El pago de compensaciones a los trabajadores afectados.
• Problemas legales: Posibles denuncias y sanciones por incumplimiento de la normativa laboral.
• Pérdida de empleados clave: El retraso en los salarios puede generar malestar y pérdida de talento en la empresa.

Consejos para evitar problemas legales y financieros

Si eres autónomo y tienes empleados, es crucial que tomes medidas para cumplir con esta normativa y evitar posibles sanciones:

1️⃣ Controla tu flujo de caja

Lleva un seguimiento detallado de tus ingresos y gastos para asegurarte de que siempre tienes liquidez suficiente para pagar las nóminas a tiempo.

2️⃣ Usa herramientas de gestión financiera

Plataformas como Aurum Workspace pueden ayudarte a gestionar la administración de tu negocio de manera eficiente.

3️⃣ Consulta con expertos en derecho laboral

Si tienes dudas sobre la aplicación de esta normativa o enfrentas problemas financieros, asesórate con profesionales especializados, como los que puedes encontrar en Thalentia.

4️⃣ Negocia con tu equipo si hay dificultades

Si atraviesas un periodo complicado y crees que podrías retrasarte en el pago de nóminas, comunícalo con transparencia a tus empleados y busca soluciones conjuntas antes de que se convierta en un problema legal.

Conclusión

Esta nueva normativa refuerza la protección de los derechos de los trabajadores y establece medidas claras para evitar retrasos en el pago de salarios. Para los autónomos con empleados, supone un reto adicional, pero con una buena planificación financiera y el uso de herramientas adecuadas, es posible cumplir con estas obligaciones sin problemas.

Si necesitas asesoría sobre este tema o cualquier otro relacionado con la gestión de tu negocio, visita Aurum Workspace y Thalentia. ¡Tu tranquilidad y la de tus empleados es lo más importante! 🚀

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